TEGUCIGALPA. No fue una defensa técnica, fue una declaración de guerra política. El magistrado Mario Morazán, antes de ser removido de su cargo en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), convirtió el estrado del Congreso Nacional en un campo de batalla, lanzando dardos incendiarios contra la legalidad del proceso y la integridad de los legisladores que lo juzgaban.
La amenaza de la recusación: “Se iría medio Congreso”
En uno de los momentos más tensos de la tarde, Morazán aseguró que su decisión de no recusar a los diputados no fue por falta de causales, sino por temor a una represalia inmediata del Estado.
“No quise recusar a muchos diputados de esta Cámara porque, si me hubiera atrevido, se iría medio Congreso e inmediatamente ordenarían mi captura”, sentenció el magistrado, sugiriendo que una gran parte de los juzgadores carecían de la imparcialidad necesaria para votar en su contra.
Bajo la lupa internacional: El juicio político en entredicho
Morazán no solo atacó a las personas, sino al mecanismo legal mismo. Invocó la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para cuestionar la Ley de Juicio Político en Honduras. Según el exmagistrado, este instrumento ha sido señalado internacionalmente por:
- Carecer de garantías mínimas para los encausados.
- Funcionar como un procedimiento arbitrario disfrazado de legalidad.
- Violentar el debido proceso y los derechos fundamentales de los funcionarios públicos.
Crónica de una destitución anunciada
Para Morazán, el veredicto no se construyó tras escucharlo, sino que estaba “escrito en piedra” desde mucho antes de que él pusiera un pie en el hemiciclo. Denunció con amargura que el informe de la comisión legislativa —un documento de 184 páginas— ya estaba listo desde la noche del miércoles.
“Lamentó que no se me haya entregado con 24 horas de anticipación”, se quejó, señalando que la falta de acceso previo al documento le impidió preparar una defensa técnica adecuada, convirtiendo la comparecencia en un “simple trámite” para validar una decisión ya tomada en los pasillos del poder.
Impacto en el sistema judicial
La destitución de Morazán, sumada a la de Marlon Ochoa, deja una herida abierta en la institucionalidad electoral. Sus declaraciones dejan en el aire una pregunta inquietante para la opinión pública: ¿Fue un acto de justicia o una ejecución política programada para asegurar el control de las elecciones de 2025?
El eco de sus palabras sobre la “narcodictadura” y la falta de garantías procesales promete resonar en las instancias internacionales de justicia en los meses por venir.
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