TEGUCIGALPA, HONDURAS. En una contundente comparecencia pública, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este miércoles una devastadora línea de investigación que sepulta la credibilidad de la anterior administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI). La denuncia señala directamente al exdirector de la entidad, Marco Antonio Zelaya, y a la exjefa de la Unidad de Administración y Gestión, Andrea Carolina Zavala, por el presunto desvío e irregular movilización de 26 millones de lempiras.
La directora del CNA, Gabriela Castellanos, fue tajante al advertir que este caso no puede ser minimizado: “Mover 26 millones de lempiras en esa institución no debería verse como poca cosa, mucho menos como un simple error administrativo. Estamos hablando de acciones que involucran a quienes tenían el deber de resguardar los recursos y no de exponerlos a riesgos jurídicos, financieros e institucionales”.
La “maniobra” en 24 horas: De préstamo a figura fantasma
De acuerdo con el riguroso informe del CNA, la trama corrupta se ejecutó con una rapidez asombrosa a finales de 2024, utilizando una empresa bajo el resguardo del Estado para encubrir la operación:
- 17 de diciembre de 2024: Una empresa incautada solicitó formalmente a la OABI un “préstamo puente” por L25 millones, un trámite que inicialmente cumplía con los flujos regulares.
- 18 de diciembre de 2024 (Solo un día después): Sospechosamente, la solicitud cambió de nombre a “apoyo financiero temporal”.
Castellanos denunció que este cambio de nomenclatura no fue un tecnicismo, sino una maniobra interna calculada para omitir los requisitos obligatorios, evadir los controles legales y autorizar desembolsos a empresas sin ningún tipo de control técnico.
El misterio del millón adicional y la ausencia de respaldos
La gravedad del hallazgo empeora al rastrear los fondos. Los L25 millones originales se convirtieron mágicamente en L26 millones tras un desembolso adicional. Al día de hoy, el CNA confirma que no existe evidencia, ni respaldo técnico, ni registros de pagos o abonos que devuelvan ese dinero a las arcas del Estado.
“La anterior OABI no debió administrar lo que tiene bajo su custodia como hacienda sin dueño; lo que está incautado no le pertenece y no puede hacer con ello lo que le parezca”, fustigó Castellanos.
¿Un patrón de corrupción? Las alarmantes preguntas del CNA
El CNA alertó sobre el enorme riesgo legal que esta negligencia o dolo representa para el bolsillo de la ciudadanía, sembrando la duda de si este modus operandi se repitió con otros bienes bajo el amparo de la administración anterior.
Las interrogantes que sacuden al Estado:
- ¿Quién garantizará ahora la protección de esos recursos millonarios?
- ¿Quién responderá si mañana un Juzgado de Privación de Dominio ordena la devolución de esos bienes?
- ¿Le tocará, una vez más, al pueblo hondureño pagar demandas millonarias por los abusos de los servidores públicos?
El CNA concluyó reafirmando que el abuso de poder no solo se da cuando el funcionario se mete el dinero directamente al bolsillo, sino también cuando se tuercen y flexibilizan las reglas a conveniencia, quebrando la integridad institucional del país. El expediente ya pone bajo la lupa pública el manejo de los bienes incautados en Honduras.
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