TEGUCIGALPA, HONDURAS. En una declaración que resuena con fuerza en los cimientos del poder judicial y político del país, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez rompió el silencio este miércoles tras la histórica destitución del exfiscal general, Johel Zelaya. Con un tono firme y alejado de ambigüedades, el líder religioso sentenció que todo aquel que viola la ley “tiene que responder” ante la justicia, validando el juicio político como una herramienta necesaria para frenar el ciclo de impunidad que ha asfixiado a Honduras por décadas.
La salida de Zelaya, quien debía ejercer su cargo hasta 2028, se produjo tras un vertiginoso proceso en el Parlamento hondureño que culminó con su destitución el pasado miércoles. El proceso se fundamentó en graves señalamientos de irregularidades vinculadas a los procesos electorales de 2025, donde resultó electo el actual presidente, Nasry ‘Tito’ Asfura. Para el cardenal Rodríguez, este movimiento legislativo no debe interpretarse como un acto de “venganza”, sino como un ejercicio de derecho imperativo para garantizar que la institucionalidad del país no colapse bajo el peso de la corrupción.
Durante sus declaraciones al canal Hable como Habla (HCH), el purpurado instó a las nuevas autoridades, ahora encabezadas por Pablo Reyes —quien asumió el cargo para completar el período de cinco años—, a priorizar el “bien común” por encima de los intereses partidistas. El cardenal fue enfático al señalar que, si no se busca la justicia con determinación, el país está condenado a repetir los mismos esquemas de impunidad que han debilitado la confianza ciudadana en el Ministerio Público.
La crisis que rodea la salida de Zelaya se agravó cuando el exfiscal rechazó comparecer ante el pleno del Legislativo para defenderse de las acusaciones. Ante este escenario, la postura de la Iglesia Católica, representada por Rodríguez, envía un mensaje contundente a la clase política: la justicia debe prevalecer sin mirar hacia atrás para revanchismos, pero con la mirada fija en el cumplimiento estricto de la ley. La llegada de Reyes a la fiscalía general marca ahora el inicio de una etapa crítica bajo la vigilancia de una sociedad y un clero que exigen resultados inmediatos contra la corrupción.
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