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Zambrano llama a abrir las puertas y frenar noticias falsas

SANTA BÁRBARA. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, lanzó un vehemente llamado a la ciudadanía para colaborar activamente con el XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda, desmintiendo de forma categórica los rumores y la desinformación que han generado incertidumbre y temor en diversos sectores de la sociedad hondureña.

Durante un encuentro con los medios de comunicación en Santa Bárbara, el titular del Poder Legislativo enfatizó la urgencia de esta medición, recordando que Honduras no actualiza sus datos estadísticos desde hace 13 años.

“Esto no tiene nada que ver con un partido político ni con ideologías; esto es un tema de país. El censo es una herramienta de medición fundamental para saber cuántos somos, en qué condiciones vivimos y qué necesidades urgentes debemos atender” — Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

Claridad frente a la desinformación

Ante las falsas versiones que vinculan el censo con supuestas medidas de regulación hídrica o energética, el titular del Congreso aclaró que el proceso cuenta con el respaldo y acompañamiento de programas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y organismos internacionales, lo que garantiza su transparencia e imparcialidad técnica.

Asimismo, aprovechó la jornada de trabajo territorial para fijar posición sobre dos temas de alto impacto social y legislativo:

  • Motos sin restricciones por cilindraje: Descartó rotundamente cualquier iniciativa para limitar la circulación de motocicletas según su motorización. “Hay más de un millón y medio de motocicletas en Honduras; es el medio de transporte del pueblo. En lugar de restringir, debemos agilizar y facilitar los trámites para que los conductores obtengan su licencia”, argumentó.
  • Reformas al sector eléctrico: Confirmó que continúan las mesas de diálogo con la bancada del Partido Liberal para consolidar los consensos necesarios que permitan aprobar las reformas al subsector eléctrico.

Zambrano concluyó instando a los funcionarios públicos a abandonar los escritorios en la capital y desplazarse a las comunidades para escuchar directamente las demandas de la población y ofrecer soluciones legislativas concretas.

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