TEGUCIGALPA. En un giro inesperado que cuestiona la imparcialidad del sistema democrático actual, el diputado del Partido Nacional, Arnold Burgos, lanzó una propuesta que sacude el tablero político: los cargos vacantes en los organismos electorales no deben ser para los partidos, sino para las iglesias y la sociedad civil.
“Mil veces prefiero a las iglesias”
Ante la crisis de credibilidad que arrastran las instituciones encargadas de velar por el voto popular, Burgos fue tajante al señalar que la militancia partidaria ha sido el cáncer de los procesos electorales. El congresista afirmó que los puestos en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) deben ser ocupados por ciudadanos que no respondan a “órdenes superiores”.
“Yo, mil veces preferiría que estos puestos sean ocupados por personas de la sociedad civil o propuestos por las iglesias que hay en el país”, sentenció Burgos, subrayando la urgencia de despolitizar la justicia electoral.
La lección del pasado: Funcionarios bajo presión
El parlamentario reflexionó sobre el caos del último proceso electoral, donde, según su criterio, quedó demostrado que muchos funcionarios actúan como marionetas de intereses externos para obstaculizar los comicios. Esta “lección aprendida” es la que motiva su rechazo a que los nuevos nombramientos sigan el esquema tradicional de repartición de cuotas de poder.
Cargos en disputa tras las purgas en el Congreso:
- CNE: Dos vacantes (tras la destitución de Marlon Ochoa y la renuncia de Karen Rodríguez).
- TJE: Tres vacantes (luego de la salida de Mario Morazán y los suplentes Mejía y Gutiérrez).
¿Un “traje a la medida” para Libre?
A pesar de su propuesta ciudadana, el diputado Burgos mostró un panorama sombrío sobre el proceso de selección que lidera la comisión del Congreso Nacional. Denunció que, bajo el contexto actual, los candidatos propuestos por el Partido Libertad y Refundación (Libre) son quienes tienen las mayores probabilidades de quedarse con las sillas propietarias, perpetuando el control oficialista sobre el arbitraje electoral.
Mientras la comisión continúa recibiendo hojas de vida, la propuesta de Burgos queda en el aire como un desafío a la clase política: ¿Están dispuestos a ceder el control del voto a la reserva moral del país, o continuarán el reparto de influencias en el TJE y el CNE?
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