TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Secretaría de Seguridad enfrenta una tormenta financiera y operativa. El ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, sacudió a la opinión pública al revelar el desastroso estado financiero en que recibió la institución: un agujero financiero que roza los 3,000 millones de lempiras en deudas heredadas de la gestión de 2025.
De acuerdo con Velásquez, la administración anterior dejó una institución “desordenada” y con un pesado lastre de obligaciones pendientes. Lo más grave, según detalló el funcionario, es que para evitar el colapso operativo se tuvo que asfixiar el presupuesto asignado para el año 2026 para honrar compromisos del año pasado, los cuales incluían cuotas patronales, alquiler de vehículos, combustible y alimentación.
“Lamentablemente recibimos una institución un poco desordenada, con grandes deudas de gastos operativos del año 2025 que tuvimos que honrar con el presupuesto 2026”, fustigó el ministro.
Golpe al crimen: Caen implicados en la masacre de Yorito
A pesar del ahogo financiero, la Policía Nacional no da tregua a la criminalidad. Velásquez confirmó un avance clave en la resolución de la masacre ocurrida en Yorito, Yoro, anunciando la captura de cuatro sospechosos vinculados de forma directa al múltiple homicidio.
Durante las operaciones de captura, las fuerzas del orden incautaron un lote de armas de fuego de grueso calibre que habrían sido utilizadas en el ataque. “Creemos que estas armas pueden estar vinculadas con el caso y en los próximos días habrá un informe pericial que lo confirme o descarte”, apuntó el funcionario, asegurando que la investigación científica será contundente para enviar a los responsables tras las rejas.
Cacería activa contra alias «El Diablo»
La mira de las fuerzas especiales está puesta ahora en la cúspide de la estructura criminal que impera en el departamento de Yoro. El ministro confirmó que la Policía mantiene un despliegue sin precedentes para capturar a alias “El Diablo”, temido cabecilla del cartel homónimo, junto al resto de sus lugartenientes que ya cuentan con órdenes de captura vigentes.
Fin al negocio de los uniformes: “Resultaba más caro fabricarlos”
Para cerrar el paso a las especulaciones sobre supuestas irregularidades en la indumentaria policial, Velásquez fue tajante: toda la dotación entregada en 2026 es completamente nueva y fue adquirida mediante un riguroso proceso de licitación pública.
Asimismo, reveló una importante decisión administrativa: el cierre definitivo de la fábrica de confección de uniformes de la Policía. Tras un análisis financiero, la actual gestión determinó que producir la indumentaria de forma interna resultaba mucho más costoso para el Estado que adquirirla directamente a través del sector privado bajo esquemas competitivos.
Leave a Reply