Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, lanzó una contundente ofensiva contra la inseguridad jurídica que golpea al país al ordenar la creación inmediata de una mesa de trabajo interinstitucional para abordar la crisis de invasiones en tierras productivas. Durante la sesión parlamentaria, Zambrano advirtió que el aumento desmedido de estas ocupaciones ilegales ha generado un clima de incertidumbre que ahuyenta el capital y pone en riesgo la generación de empleo masivo en Honduras.
El titular del Legislativo fue tajante al señalar que este fenómeno se ha desbordado debido a la falta de políticas públicas y a la inacción de gobiernos anteriores. Según Zambrano, en el pasado reciente se ignoraron deliberadamente las órdenes de desalojo en zonas donde la producción estaba garantizada, permitiendo que la impunidad se instalara a pesar de las constantes denuncias presentadas ante el Ministerio Público y la Policía Nacional. “Este tema es grave para la producción nacional; hay sectores productivos que hoy están quebrados”, sentenció con preocupación.
Ante este escenario, la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana, bajo la dirección del diputado Marcos Paz, liderará un bloque de choque conformado por la Secretaría de Seguridad, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, el INA y las Fuerzas Armadas. Este equipo tiene la misión de realizar un diagnóstico exhaustivo de las tierras invadidas en los últimos años y revisar la legislación vigente. Zambrano recordó que, aunque en 2020 se reformó el Código Penal para agilizar desalojos, las autoridades han hecho “caso omiso”, por lo que no descartó nuevas reformas legales si el diagnóstico lo requiere.
Finalmente, el presidente del Congreso aclaró que esta medida no busca criminalizar a los grupos campesinos, quienes tienen derecho al acceso a la tierra bajo la Ley de Reforma Agraria, especialmente en predios ociosos. Sin embargo, enfatizó que bajo ninguna circunstancia se permitirá el perjuicio a la propiedad privada y a las familias que producen honestamente. El mensaje es claro: para que alguien vuelva a apostarle económicamente al país, el Estado debe garantizar que las tierras productivas dejen de ser tierra de nadie.
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