TEGUCIGALPA, HONDURAS. El debate sobre la legitimidad de las decisiones del Poder Legislativo vuelve a encenderse. El diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera, lanzó una enérgica defensa de la legalidad de los juicios políticos ejecutados por el Congreso Nacional, asegurando de forma tajante que el proceso no solo fue pulcro, sino que respetó a rajatabla las garantías constitucionales y el derecho a la defensa de los señalados.
Con estas declaraciones, Rivera sale al paso de las severas críticas y versiones que apuntan a supuestas violaciones al debido proceso, calificándolas de infundadas. Según el parlamentario, las cartas sobre la mesa siempre estuvieron claras para los involucrados.
«Se les notificó cuáles eran las faltas que se les atribuían y pudieron desvanecerlas en dos momentos distintos. Uno decidió no participar y el otro sí lo hizo con mucha vehemencia», reveló Rivera, exponiendo cómo el propio sistema les dio la oportunidad de defenderse en el estrado legislativo.
El giro internacional: Testigos clave frente a la CIDH
Más allá de la batalla doméstica, el diputado Rivera puso la mirada en el plano internacional ante la posibilidad de que el caso escale a instancias jurídicas externas. Anticipándose a una eventual demanda contra el país, lanzó una propuesta estratégica para la Procuraduría General de la República (PGR).
Rivera consideró que las exconsejeras vinculadas al caso no son una amenaza, sino que podrían convertirse en piezas clave y testigos de la defensa del Estado de Honduras ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Con esto, el congresista busca demostrar ante la comunidad internacional que el Parlamento hondureño no actuó bajo impulsos políticos, sino bajo el estricto marco de la ley.
Un blindaje constitucional irreversible
Para el ala defensora del Congreso, el procedimiento está cerrado y blindado. Rivera reiteró que cada etapa se rigió por los manuales legales de la cámara y descartó de forma absoluta que se hayan vulnerado los derechos humanos o constitucionales de los procesados.
El mensaje del congresista es claro: el Congreso Nacional tiene la facultad, la legalidad y los argumentos necesarios para sostener sus decisiones, ya sea en el hemiciclo de Tegucigalpa o ante los tribunales de derechos humanos en Washington.
Leave a Reply