TEGUCIGALPA, HONDURAS. En un paso firme para neutralizar el accionar del crimen organizado en Honduras, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), en estrecha coordinación con el Congreso Nacional, ha puesto en marcha un paquete de medidas de alta intensidad dirigidas a desmantelar las estructuras delictivas y devolver la tranquilidad a la ciudadanía.
La estrategia marca un giro decisivo en el abordaje de la delincuencia común y organizada, elevando la confrontación legal e institucional a niveles sin precedentes en el país.
Directo al corazón del crimen: Terrorismo y aislamiento total
Entre las disposiciones más contundentes adoptadas por las autoridades destacan:
- Clasificación como grupos terroristas: Aplicando las recientes reformas al Código Penal dictaminadas por el Poder Legislativo, se declaró oficialmente a tres estructuras criminales como organizaciones terroristas, lo que abre la puerta a penas más severas y procedimientos de juzgamiento expeditos.
- Módulos de máxima seguridad pre-condena: Los procesados por pertenecer a estas organizaciones clasificadas como terroristas enfrentarán sus juicios recluidos en módulos de máxima seguridad, eliminando la posibilidad de medidas sustitutivas o prisión preventiva en cárceles de menor contención, aun sin contar con una sentencia firme.
- Bloqueo radical de comunicaciones: Se impulsará una reforma legal para imponer un régimen especial y estricto de comunicaciones dentro de los centros penitenciarios, aislando operativamente a los reos de alta peligrosidad para evitar que continúen dirigiendo extorsiones y homicidios desde el encierro.
Nueva arquitectura de inteligencia y juzgamiento
Para garantizar una respuesta efectiva e integrada, se anunció la creación de la Agencia Nacional contra el Crimen, cuyo reglamento fue aprobado unánimemente por el CNDS. La nueva entidad estará bajo la dirección del coronel Juan Alberto Ruiz Cerrato, quien tendrá la tarea de articular y potenciar las capacidades tácticas y de inteligencia entre las distintas fuerzas de seguridad e investigación.
De forma complementaria, se autorizó la instalación de circuitos judiciales y fiscalías especializadas en delitos de terrorismo. Estos tribunales contarán con jueces y fiscales dotados de esquemas reforzados de protección para evitar intimidaciones y garantizar juicios imparciales pero inflexibles.
Respaldo legislativo y rendición de cuentas
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina, ratificó el compromiso incondicional del Poder Legislativo para dotar a los operadores de justicia de los marcos legales, presupuestos y herramientas tecnológicas que requieran en esta ofensiva.
Sin embargo, el apoyo parlamentario vendrá acompañado de una rigurosa fiscalización: el Poder Legislativo exigirá informes periódicos de avance y resultados concretos a las autoridades de seguridad, garantizando que el despliegue de estas medidas se traduzca en una reducción real y medible de los índices delictivos en el territorio nacional.
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