TEGUCIGALPA, HONDURAS. Tras el demoledor informe presentado por el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) contra el exdirector de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), Marco Zelaya, la reacción política no se ha hecho esperar. La diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez, lanzó una dura advertencia sobre el impacto real de la corrupción y exigió un blindaje de fiscalización externa sobre los recursos del Estado.
“El montón de dinero que se han podido robar representa la muerte de un paciente, la falta de medicamentos, menos escuelas y menos oportunidades. Nadie está por encima de la ley”, sentenció de forma categórica la parlamentaria.
Para Bermúdez, la gravedad de las denuncias en la OABI demuestra que las estructuras internas de control gubernamental son insuficientes, por lo que urgió a un cambio radical en la fiscalización de la gestión pública.
Red de veedores nacionales e internacionales: La propuesta para frenar el saqueo
La congresista fue enfática al señalar que “el Estado necesita una red de veedores nacionales e internacionales para garantizar la transparencia de la gestión de cualquier gobierno”. Asimismo, defendió la legitimidad y la independencia de las organizaciones que investigan el desvío de fondos públicos.
“Las instituciones que se dedican a denunciar actos de corrupción en el país no dependen de actores políticos, porque son organismos que han denunciado durante cada gobierno”, recordó, instando al Ministerio Público a documentar de forma rigurosa cada expediente para proceder con los requerimientos fiscales conforme a la ley.
Fin a la burocracia de las “24 horas” para buscar a niños desaparecidos
Más allá de los escándalos financieros, Bermúdez puso sobre la mesa una propuesta legislativa de alto impacto social: la Ley de Búsqueda y Protección Jurídica de Personas Desaparecidas y de sus Familiares. El proyecto busca eliminar por completo las excusas y la pasividad de los cuerpos de seguridad del Estado.
El corazón de la ley ataca directamente el protocolo actual de espera, el cual ha sido ampliamente criticado por poner en riesgo la vida de los menores de edad en las primeras horas de su desaparición.
- Activación inmediata: El mecanismo obligará a la Policía Nacional a encender las alertas en el instante en que se reciba el reporte.
- Adiós a la espera burocrática: Se prohibirá terminantemente exigir a los familiares esperar 24 horas para iniciar los operativos de rastreo.
“El objetivo de esta ley es, sobre todo, asegurar que una vez que una niña o un niño se ha reportado como desaparecido, se activen inmediatamente los protocolos”, explicó la legisladora, concluyendo que esta medida fronteriza y de respuesta rápida será clave para reducir de forma drástica las cifras de menores desaparecidos en el territorio nacional.
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