Tegucigalpa, Honduras. En lo que se perfila como la ruptura más dramática del orden institucional reciente, el ahora destituido consejero del CNE, Marlon Ochoa, rompió el silencio con una declaración que sacude los cimientos de la clase política hondureña. Lejos de amedrentarse por su remoción en el Congreso Nacional, Ochoa denunció una conspiración para asesinarlo y calificó de “asociación terrorista” a las élites tradicionales del país que, según él, orquestaron un fraude masivo en procesos anteriores.
El exfuncionario, quien decidió no presentarse al hemiciclo para el juicio político, lanzó acusaciones frontales contra el bipartidismo tradicional, asegurando que en Honduras no han existido elecciones libres. Según su testimonio, fue testigo presencial de cómo las cúpulas de los partidos Nacional y Liberal impusieron resultados fraudulentos, un acto que calificó como terrorismo de Estado que debe ser investigado penalmente.
El punto más álgido de su proclama fue la advertencia sobre un plan para acabar con su vida dentro del sistema penitenciario. Ochoa denunció que el juicio político es solo la fachada de una persecución criminal que busca silenciar sus denuncias sobre la evasión fiscal de los poderosos y su rechazo a la injerencia extranjera. “Me empujan a la cárcel, donde planifican mi muerte; hay pruebas”, sentenció, cuestionando que el sistema “indulta al capo” mientras persigue a quienes denuncian la corrupción.
En un tono marcadamente emocional y desafiante, Ochoa puso la seguridad de su esposa e hijos en manos de Dios y de las bases del Partido LIBRE, dejando claro que no se humillará ante lo que llamó sus “asesinos”. Aunque su destitución es un hecho consumado, el exconsejero advirtió que su lucha apenas comienza y prometió regresar al país, asegurando que “la racha caerá” y que solo el tiempo separa al pueblo de la verdadera justicia.
Esta declaración eleva la crisis política a un nivel sin precedentes, transformando una decisión administrativa en una denuncia de persecución mortal. Con las elecciones de 2025 en el horizonte, las palabras de Ochoa dejan una sombra de duda sobre la transparencia del sistema y la seguridad física de los actores políticos que desafían el statu quo en Honduras.
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