Tegucigalpa, Honduras. El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano Molina, se pronunció de manera contundente tras la decisión judicial de revocar las medidas cautelares a Iván Abad Velásquez Castro, gerente de Koriun Inversiones. El ejecutivo, quien enfrenta cargos por lavado de activos, tenencia ilegal de armas y desobediencia, deberá permanecer en prisión preventiva luego de que un Juez de Letras Penal con Competencia Territorial en Materia de Criminalidad Organizada declarara con lugar la solicitud presentada por el Ministerio Público.
A través de sus redes sociales, Zambrano calificó la resolución como una respuesta oportuna para frenar lo que consideró una “injusticia judicial”. El parlamentario señaló que permitir que uno de los principales implicados en el escándalo financiero de Koriun se defendiera en libertad representaba un agravio para las víctimas. En ese sentido, destacó que cuando las autoridades actúan con el propósito de servir al bien común, se logran corregir distorsiones que debilitan el estado de derecho.
El titular del Poder Legislativo lanzó una dura interrogante sobre la capacidad económica del imputado, cuestionando que, si Velásquez Castro pudo disponer de 25 millones de lempiras para intentar evadir la prisión, por qué ese capital no fue utilizado para resarcir a los miles de hondureños afectados por el esquema ilegal de captación de fondos. Zambrano lamentó que las administraciones salientes no profundizaran en la investigación de los recursos de los acusados para indemnizar a las familias perjudicadas.
Asimismo, el congresista por el departamento de Valle vinculó el freno de esta medida a los cambios estructurales recientes, como el juicio político al ex Fiscal General y la nueva presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Según Zambrano, estos movimientos permitieron detener un fallo que habría favorecido la impunidad en un caso que ha dejado profundas secuelas económicas en la sociedad hondureña, aunque advirtió que las acciones investigativas deben profundizarse aún más.
Finalmente, Zambrano arremetió contra el sistema de nombramiento de jueces de años anteriores, denunciando que la falta de concursos y la selección basada en “compadrazgos” o intereses políticos debilitaron la carrera judicial. Concluyó haciendo un llamado a las nuevas autoridades para que investiguen otros fallos cuestionables que pudieron favorecer a personas vinculadas a la gestión pasada, con el objetivo de restaurar la confianza ciudadana en la aplicación de la justicia.
Leave a Reply