TEGUCIGALPA, HONDURAS. Luego que finalmente fue publicado en La Gaceta No. 37,259 del 30 de septiembre de 2026, el Artículo 95-A, que cambia el cobro de sentencias laborales contra el Estado, ya a partir del mes de octubre está en vigencia, pese a la existencia de recursos de inconstitucionalidad interpuestos por laboralistas.
El polémico Art, entró en plena vigencia a partir del 1 de octubre de 2026. La disposición, que aparece como una fe de erratas a los Artículos 95 y 96 de las Disposiciones Generales del Presupuesto 2026 (Decreto 62-2026), establece que todas las instituciones públicas que pierdan un juicio en primera instancia deberán agotar obligatoriamente una conciliación de 45 días calendario antes de poder apelar, sin intervención de la Procuraduría General de la República (PGR).
El texto que aparece resaltado en la edición oficial señala: “La conciliación deberá realizarse considerando las disponibilidades del presupuesto aprobado, procurando se establezca un monto menor hasta en un 20% menos de la cuantía establecida en la sentencia, con planes de pago hasta por un plazo máximo de tres años. Se prohíbe pagar intereses dentro de las conciliaciones». Además, aclara que el acuerdo «no generará obligación automática para la SEFIN, ni implicará ampliación presupuestaria.
En relación al tema el abogado laboralista German Licona advirtió que obligar al trabajador que ya ganó a aceptar 20% menos y renunciar a intereses es confiscatorio y viola el Art. 128 de la Constitución que declara irrenunciables los derechos laborales.
Otros profesionales de las ciencias jurídicas especialistas en derecho constitucional señalan vicio de forma. Una norma procesal de carácter permanente no puede ir en una Ley de Presupuesto que solo rige por un año (2026).
Por eso hay anuncio de al menos dos recursos de inconstitucionalidad por razón de forma y contenido ante la Sala de lo Constitucional, similar a los que ya se han interpuesto este año contra el Decreto 10-2026 y el Decreto 208-2026.
Cabe recalcar que el Presupuesto General 2026 de L. 444,335 millones entró en vigencia en abril con La Gaceta 37,124, pero esta adición del 95-A con la Gaceta 37,259 del 30 de septiembre es la que habilita su aplicación inmediata desde octubre para todos los juicios pendientes.
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