TEGUCIGALPA, HONDURAS. La Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), denunció este miércoles presuntas irregularidades en la gestión de más de 1 mil 800 millones de lempiras en bonos, becas y ayudas sociales tramitadas por diputados del Congreso Nacional durante la administración de Luis Redondo (2022-2026).
– Entre los denunciados destacan: Hugo Noé Pino, Rasel Tomé, Fabricio Sandoval, Mauricio Rivera, Oved López, Isis Cuéllar, Bartolo Fuentes, Andrés Castro, Pablo Ramón Soto entre otros del Partido Libre.
– Entre 2023 y 2025, diputados propietarios y suplentes gestionaron ante SEDESOL becas, cupones de alimentos, obras de vivienda y kits escolares a través de una partida presupuestaria discrecional, sin control, liquidación ni rendición de cuentas.
La institución, a través de un informe titulado «Diputados Solidarios«, denunció que, entre 2023 y 2025, el Congreso Nacional de Honduras canalizó L1,837,349,701.14 del Fondo de Administración Solidaria a través de una línea presupuestaria diseñada para gastos de emergencia y sin mecanismos de transparencia y control.
A cargo de la presentación estuvo el director de Democracia y Transparencia de la ASJ, Juan Carlos Aguilar, quien precisó que un grupo de 50 diputados, entre propietarios y suplentes, utilizó estos fondos que no pueden trazarse con facilidad y quedan en oscuridad.
Aunque instituciones como la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedesol), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) figuran como ejecutoras, ASJ encontró que en la práctica eran los propios diputados quienes presentaban los proyectos, solicitaban los beneficios y gestionaban su entrega directa en las comunidades.
El fondo fue creado en 2023 mediante las Disposiciones Generales de Presupuesto, que autorizaron al Congreso Nacional asignar hasta L.950 millones anuales a siete instituciones del Estado para becas de estudio, obras sociales e infraestructura menor, categorías a las que en 2025 se sumaron cupones alimenticios, kits tecnológicos e insumos médicos. Solo en 2024, el año de mayor movimiento, se ejecutaron L.898.5 millones entre Sedesol, el FHIS y la SGJD.
Ninguna de las entidades ejecutoras remitió a los organismos de control los informes de liquidación que exige la ley. Sedesol admitió directamente ante ASJ que aún no liquida fondos correspondientes al período 2023-2025 ni conoce con claridad el proceso que debía seguir para hacerlo.
De los más de L187 millones canjeados en cupones y certificados alimenticios en el mismo período, apenas el 37 % ha sido liquidado, mientras la mayoría del monto restante permanece sin trazabilidad. Una parte importante de esos cupones, más de L.53 millones, fue entregada a través de un grupo reducido de 26 diputados, todos pertenecientes al partido Libertad y Refundación.
Sobre las becas estudiantiles, ASJ encontró que BANADESA y Sedesol firmaron un convenio con una cláusula de confidencialidad que ha sido invocada para negarle información sobre la liquidación de esos fondos, pese a que la Ley de Transparencia solo permite declarar reserva de información bajo causales específicas que no cubren este tipo de datos.
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