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CNA pone la mira en FOSOVI y rastrea redes irregulares en 8 instituciones públicas

TEGUCIGALPA, HONDURAS. La corrupción no es un problema abstracto en Honduras: es el freno directo que mantiene sumida en la pobreza al 70 % de la población. Así de contundente se mostró la ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, al cuestionar la falta de voluntad real de las últimas administraciones estatales para erradicar este flagelo.

Durante sus declaraciones, la titular del CNA trazó una radiografía del momento político y judicial que atraviesa el país, caracterizado por una reconfiguración de poder tras el retorno del expresidente Juan Orlando Hernández y los señalamientos contra la institucionalidad.

Recomposición política tras el retorno de JOH

Uno de los puntos más agudos abordados por la abogada Castellanos fue el impacto del regreso del expresidente Hernández al panorama nacional. Para la titular del CNA, el hecho de que varios de sus exfuncionarios estén decidiendo voluntariamente presentarse ante la justicia justo en este momento no es coincidencia, sino la muestra clara de una «recomposición de las fuerzas políticas en el país».

Cuestionada sobre las recientes amenazas que el exmandatario habría dirigido hacia funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR) durante una audiencia del caso Pandora II, Castellanos fue tajante y prefirió dejar que los hechos hablen por sí solos: «Fue un hecho público, ¿y qué más podemos decir?», sentenció.

Mermas e interrogantes sobre extradiciones

En relación con las versiones que circulan sobre una supuesta solicitud de extradición por parte del Gobierno de Estados Unidos contra un reconocido empresario de la zona norte del país, la líder del organismo anticorrupción mantuvo la cautela y prefirió guardar reserva: «No me puedo referir al tema», respondió de manera escueta.

Las declaraciones de la dirección del CNA se dan en medio de un clima de alta tensión institucional, donde las investigaciones por presunta corrupción en FOSOVI y al menos ocho dependencias públicas del Estado continúan avanzando bajo la lupa ciudadana.

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