TEGUCIGALPA, HONDURAS. En un giro agresivo para frenar el caos en el sector agrícola, el Poder Legislativo ha puesto en marcha una maquinaria de intervención para detener el avance de las invasiones de tierras, un fenómeno que ya mantiene bajo asedio 31,000 manzanas de terreno productivo.
Bajo la dirección del titular del Congreso, Tomás Zambrano, la Comisión de Seguridad y Prevención Ciudadana ha comenzado a articular un informe que promete ser el “tiro de gracia” contra la impunidad en el campo. El diputado Marcos Paz, presidente de dicha comisión, fue tajante al señalar que la desatención de años anteriores ha terminado, siguiendo los lineamientos del presidente Nasry Asfura para restaurar el orden legal.
Un golpe al corazón de la economía
Las cifras presentadas por los empresarios afectados son devastadoras. No se trata solo de tierra; se trata de una parálisis económica que afecta desde el pequeño productor hasta el gran exportador.
- Impacto territorial: 31,000 manzanas actualmente fuera de producción o en disputa.
- Consecuencias sociales: Pérdida masiva de empleos rurales y estancamiento del circulante económico.
- Inseguridad Jurídica: El principal “espantapájaros” que ahuyenta la inversión extranjera directa en Honduras.
“Generando seguridad jurídica podemos lograr que el mundo vuelva a poner los ojos en Honduras”, sentenció el diputado Paz, advirtiendo que el informe final, previsto para junio, será la base para decisiones drásticas en el Pleno Legislativo.
Hacia una solución interinstitucional
La estrategia no se limita a las paredes del Congreso. Para garantizar que las soluciones tengan “dientes”, la comisión ha convocado a una cumbre de poderes que incluye:
- Seguridad y Defensa: Coordinación con la Policía Nacional.
- Sector Agrario: Trabajo conjunto con el Instituto Nacional Agrario (INA).
- Justicia: Próximas reuniones clave con el Ministerio Público y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo Paredes.
El Dato
El informe técnico que se presentará en junio no solo detallará los daños, sino que propondrá reformas legales para agilizar los desalojos y proteger la propiedad privada, buscando revertir la imagen de Honduras como un país de “alto riesgo” para el agro.
¿Será este el fin de la era de las invasiones? El sector productivo espera que esta vez, la voluntad política se traduzca en acciones contundentes y no solo en papel.
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