La situación en los centros penales de El Salvador ha alcanzado un punto crítico tras el anuncio de la organización Socorro Jurídico Humanitario (SJH), que sitúa en 512 el número de personas fallecidas bajo el régimen de excepción. Esta cifra, que incluye las recientes muertes en las prisiones de Izalco y Mariona, pone de relieve una crisis de derechos humanos en un sistema que alberga a más de 90,000 detenidos.
La organización advierte que, debido al hermetismo estatal y la falta de transparencia oficial, la cifra real de muertes bajo custodia podría ser drásticamente superior, superando incluso las 2,000 víctimas.
Un aspecto alarmante de este informe es el perfil de las víctimas: el 94 % de los fallecidos no presentaba vínculos con pandillas, lo que refuerza las denuncias sobre detenciones arbitrarias de civiles sin antecedentes criminales.
Según los datos recabados de familiares, ya que la información pública se mantiene bajo secreto, las causas de muerte se dividen casi equitativamente entre la violencia física (31.8 %) y la falta de atención médica (31.6 %), revelando un patrón de maltrato sistemático y negligencia deliberada dentro de las prisiones.
A pesar de que el gobierno de Nayib Bukele defiende la efectividad del régimen de excepción para desmantelar a las estructuras criminales, las estadísticas de las organizaciones humanitarias muestran un panorama sombrío de abusos de poder. Con casi 7,000 denuncias por violaciones a derechos humanos y una mayoría de detenidos sin condena firme, el sistema penitenciario salvadoreño enfrenta cuestionamientos internacionales por la opacidad en lugares como el CECOT y la responsabilidad directa de los agentes de seguridad en la vulneración de las garantías fundamentales de la población.
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